Artículo 307 del Código Penal

Texto suprimido · Texto añadido respecto a la redacción anterior (23/12/2010):

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en cuantía salvo que hubiere regularizado su mitad superior cuando situación ante la defraudación se cometa concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: a) Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo. La utilización mera presentación de persona o personas interpuestas los documentos de manera que quede oculta cotización no excluye la identidad del verdadero obligado frente a defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la Seguridad Social. b) La especial trascendencia y gravedad pérdida de la defraudación atendiendo al importe posibilidad de lo defraudado obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a la existencia gozar de una estructura organizativa que afecte los beneficios o pueda afectar a una pluralidad incentivos fiscales o de obligados frente a la Seguridad Social. Social durante el período de tres a seis años. 2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, anterior se estará a lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo total defraudado cuando aquéllas correspondan a un período inferior a doce meses. durante cuatro años naturales. 3. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social, en relación con las deudas a que Social cuando se refiere haya procedido por el apartado primero obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de este artículo, la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención dirigida o antes de responsabilidad penal contemplada que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior alcanzará igualmente anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación. 4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal. 5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito. 6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.