Artículo 74 de la LOPJ

Texto suprimido · Texto añadido respecto a la redacción anterior (17/08/2022):

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con: a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados las Secciones de lo Contencioso-administrativo. Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia. b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas comunidades autónomas y de las Entidades locales. c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial. d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos. f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes y Presidentas de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral. g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma. comunidad autónoma. h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho derecho de Reunión. reunión. i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Ministro, Ministra, Secretario o Secretaria de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2.3.º 82.2. 3.º j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía garantía de los Derechos Digitales, derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma comunidad autónoma respectiva. 2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados en las Secciones de lo Contencioso-administrativo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y de los correspondientes recursos de queja. 3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Juzgados Tribunales de lo Contencioso-administrativo. Instancia. 4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados las Secciones de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma. 5. Conocerán del recurso de casación para la unificación Contencioso-Administrativo de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 6. Conocerán del recurso de casación en interés Tribunales de la Ley en los casos previstos Instancia con sede en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 7. comunidad autónoma. 5. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-administrativo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.